Houston, Texas.- Houston, Texas.- El Congresista federal Henry Cuéllar y su esposa Imelda, fueron acusados en corte federal de varios cargos y de recibir al menos 600 mil dólares de compañías extranjeras en Azerbaiyan y México; si es encontrado culpable Cuéllar pasarían décadas en prisión federal.

El congresista supuestamente aceptaría el dinero a cambio de actos oficiales como miembro del Congreso.

Este viernes el congresista estadounidense Enrique Roberto “Henry” Cuellar, de 68 años, y a su esposa, Imelda Cuellar, de 67 años, ambos de Laredo, Texas, de participar en dos esquemas que involucran soborno, influencia extranjera ilegal, y lavado de dinero.

El congresista Cuellar e Imelda Cuellar hicieron su comparecencia inicial ante la corte hoy ante la jueza federal Dena Palermo en Houston.

Según documentos judiciales, desde al menos diciembre de 2014 y hasta al menos noviembre de 2021, el congresista Cuellar e Imelda Cuellar supuestamente aceptaron aproximadamente 600.000 dólares en sobornos de dos entidades extranjeras: una empresa de petróleo y gas de propiedad total y controlada por el Gobierno de Azerbaiyán, y un banco con sede en la Ciudad de México.

Los pagos de sobornos fueron supuestamente lavados, conforme a contratos de consultoría falsos, a través de una serie de empresas fachada e intermediarios en empresas fantasma propiedad de Imelda Cuellar, quien realizó poco o ningún trabajo legítimo bajo los contratos.

A cambio de los sobornos pagados por la compañía de petróleo y gas de Azerbaiyán, el congresista Cuellar supuestamente acordó utilizar su cargo para influir en la política exterior de Estados Unidos a favor de Azerbaiyán.  

Mientras, a cambio de los sobornos pagados por el banco mexicano, el congresista Cuellar supuestamente acordó influir en la actividad legislativa y asesorar y presionar a funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo estadounidense con respecto a medidas beneficiosas para el banco.

El congresista Cuellar e Imelda Cuellar están acusados ​​cada uno de los siguientes delitos y, de ser declarados culpables, enfrentan penas máximas como se indica:

Dos cargos de conspiración para cometer soborno de un funcionario federal y para que un funcionario público actúe como agente de un principal extranjero, cinco años en prisión por cada cargo; dos cargos de soborno a un funcionario federal, 15 años de prisión por cada cargo; dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos, 20 años de prisión por cada cargo; dos cargos de violación de la prohibición de que funcionarios públicos actúen como agentes de un mandante extranjero, dos años de prisión por cada cargo; un cargo de conspiración para encubrir lavado de dinero, 20 años de prisión; y cinco cargos de lavado de dinero, 20 años de prisión por cada cargo.

 
La Fiscal General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia; El Fiscal General Adjunto Matthew G. Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia; El subdirector Michael D. Nordwall de la División de Investigación Criminal del FBI; y el subinspector general adjunto Jason Loeffler y el agente especial a cargo Chris Hileman de la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado (DOS-OIG) hicieron el anuncio.
 
El FBI y DOS-OIG investigaron el caso.

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