Brownsville, Texas.- A un lado del muro fronterizo costeado por Texas y rodeado de policías estatales y la Guardia Nacional t un sinnúmero de periodistas, el Gobernador Greg Abbott firmó finalmente la SB4, la ley más dura en el estado en contra de los inmigrantes y que criminaliza el ingreso irregular y cobra más caro el reingresar.
Con la nueva ley, los policías estatales podrán detener a quien consideren sospechoso de violar esa ley de manera que las organizaciones criminales temen que se perfile a la comunidad.
“Un trabajo que no les corresponde, que es federal, otorga a los oficiales de la paz, facultades para arrestar y procesar personas sospechosas de violar la ley”, dice Ramona Casas, de ARISE.
“Si no eres blanco y hablas inglés con acento estás frito” dice Mark Sunbeam, titular de la organización AyúdaNos.
La nueva ley, que entra en vigor en marzo, permite también que un juez estatal autorice la salida del país de determinado inmigrante, sin el debido proceso que se requiere.
“Sabemos que es esto inconstitucional, este concepto de deportación es solo parta la patrulla fronteriza a nivel federal así que sabemos que tomando esa responsabilidad y esa tarea ya s abemos que es ilegal, dice Joaquín García, de LUPE.
Ante esto, michos se preguntan ¿cómo, si Texas no es un país ni tiene, por tanto una relación diplomática con México, podrá enviar extranjeros a ese país?
Pero para muchos la ley no podrá aplicarse porque, aseguran, es anticonstitucional. “Que se quite esa ley, que se quite esa autoridad que el estado está agarrando inconstitucionalmente que estos poderes le pertenecen al gobierno federal, no al gobierno estatal”, asegura Alan Lizárraga de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos y Civiles en El Paso.
Para el abogado Emilio Santos es “absolutamente claro que jurídicamente la federación es la encargada de la cuestión migratoria”.