Preocupa a la CIDH uso de Pegasus en Mexico para investigar periodistas

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) urgen al Estado mexicano a redoblar sus esfuerzos en las investigaciones a periodistas y personas defensoras por el uso ilegítimo del software de vigilancia Pegasus. El Estado debe considerar la labor de estas personas en las líneas de investigación y el impacto que tiene este tipo de acciones tiene en una democracia.

El 15 de mayo de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció públicamente la apertura de una nueva carpeta de investigación en relación con la contratación y adquisición del sistema de espionaje Pegasus en 2014 por parte de la Procuraduría General de la República. Dicha investigación sería por los delitos imputados “peculado”, “fraude equiparado”, “uso indebido de atribuciones y facultades” y “asociación delictuosa”. La FGR precisó que estas investigaciones son independientes de los hechos judicializados por diversas intervenciones ilegales cometidas en la administración pasada.

En los últimos años, la CIDH y la RELE han conocido múltiples casos de espionaje a través de Pegasus en México. Una investigación de Citizen Lab (Universidad de Toronto) de abril de 2023 reveló que autoridades de la Secretaría Nacional de Defensa (SEDENA) habrían utilizado Pegasus para espiar ilegalmente a dos integrantes de la organización “Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) entre junio y septiembre de 2022, lo cual podría estar vinculado con sus labores de defensa de graves violaciones a derechos humanos. Asimismo, de acuerdo con información pública, el uso del software de vigilancia ha alcanzado a autoridades de alto nivel, como el Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, hecho que incluso fue lamentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La lista de personas presuntamente afectadas por Pegasus en los últimos años incluye, entre otras, a periodistas, personas defensoras, un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa. Por su parte, el Estado mexicano transmitió a la CIDH declaraciones del Presidente de la República del 30 de mayo de 2023 en las que indicó que no se realiza espionaje contra ninguna persona, ciudadanos, periodistas ni servidores públicos.

Si bien en 2021 la Relatoría Especial reconoció actuaciones en la búsqueda de justicia por hechos vinculados con el uso de Pegasus en México, se observa que, en términos generales, no se registran avances sustanciales. Ello contrasta con el aumento de reportes sobre personas afectadas, y la incertidumbre sobre si ha cesado o no el uso de Pegasus en contra de quienes desempeñan labores cruciales en una democracia. Lo observado da cuenta de que las medidas adoptadas hasta el momento resultan insuficientes ante la dimensión de las denuncias recibidas y la información que ha trascendido públicamente en los últimos años.

Para la Comisión, este tipo de prácticas no solo vulnera el derecho a la privacidad consagrado en la Convención Americana, sino también tiene el potencial de poner en riesgo la integridad de personas periodistas y defensoras, a la vez que incrementa la autocensura en la prensa y desincentiva las labores de defensa de derechos humanos. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas dirigidas a asegurar la protección de dicho derecho de las interferencias de autoridades públicas y de personas o instituciones privadas.

La CIDH y su RELE llaman al Estado mexicano a investigar de forma completa, exhaustiva e imparcial la adquisición y el uso de Pegasus y sancionar a quienes resulten responsables; a velar por el adecuado cumplimiento de las garantías de debido proceso; y a garantizar cooperación efectiva que facilite a las autoridades a cargo de investigación conocer sobre la información en poder de las instituciones del Estado y el sector privado concernido a fin de que puedan aportar al esclarecimiento de los hechos. De acuerdo con los estándares del sistema interamericano, la investigación de crímenes cometidos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos deben considerar sus funciones y labores como hipótesis principales en la formulación de líneas de investigación.

Asimismo, la CIDH y la RELE instan a garantizar la adopción de todas las medidas necesarias para respetar, proteger y garantizar el derecho a la privacidad y la libertad de expresión de la ciudadanía, el ejercicio del periodismo, la defensa de los derechos humanos y la participación pública. Ello incluye el deber de las más altas autoridades de rechazar de manera clara, pública y contundente cualquier tipo de injerencia ilegal a la privacidad de las personas por medio de la tecnología.

Finalmente, de conformidad con pronunciamientos previos, la CIDH y su Relatoría Especial urgen al Estado a cesar inmediatamente cualquier acción destinada a la venta, la transferencia y el uso de tecnología de vigilancia hasta tanto se establezcan marcos normativos en línea con los derechos humanos y a instruir a todos sus agentes a que se abstengan de utilizar el software Pegasus de modo ilegal y que denuncien este tipo de instrucciones si viniesen de parte de sus superiores.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.